Los 112 decretos legislativos (DL) publicados por el Poder Ejecutivo y enviados al Congreso de la República muestran, además de cambios normativos significativos, las prioridades y un adelanto de las acciones del actual gobierno. Si bien aún deben pasar por la evaluación del Congreso, en un acto de control político, lo más probable es que la mayor parte de su contenido se mantenga. El presidente del Consejo de Ministros ha asegurado que los DL han sido evaluados por ministros, viceministros, expertos y constitucionalistas para asegurar que están en el marco de las facultades delegadas.  

No he revisado todos los DL, y de muchos de ellos, incluso si los leyera seguro no podría comentar, pero de los que sí he podido revisar hay varios temas que valen la pena destacar.

En primer lugar, felicitar los DL que permitirán hacer más efectiva la acción del Estado contra la corrupción. Sea para prevenirla, con cambios a las reglas de contratación del Estado, sea para incrementar los niveles de vigilancia ciudadana y de transparencia, con la creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o para combatir y penalizar los actos de corrupción, con iniciativas como la creación de la Procuraduría General del Estado o las normas que impiden que funcionarios culpables de corrupción o empresas involucradas en actos de corrupción trabajen para el Estado.

Claramente, vemos voluntad política, avances operativos y un compromiso con enfrentar la corrupción. Queda ahora esperar los reglamentos y la implementación de la nueva Autoridad de Transparencia (que pudo ser creada con mayor autonomía) y de la Procuraduría General del Estado para poder ver el nuevo marco –completo- de lucha contra la corrupción.

Tres temas merecen que les prestemos especial atención en el tema de anticorrupción. Los referidos a cómo se resolverán las evidentes discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el nombramiento de la cabeza de la procuraduría; la consistencia y articulación entre los distintos DL, sus reglamentos y las nuevas entidades creadas con lo ya existente. De esta consistencia depende que tengamos una posición sólida frente a la corrupción o una maraña de normas que se enredan entre sí. Finalmente, hay que prestar atención especial a cómo la nueva Autoridad de Transparencia enfrentará el desafío de regular la gestión de intereses de privados frente al Estado. Este será un tema delicado, complejo y polémico, en particular en un gobierno que muestra cercanía con el sector empresarial.

Un segundo grupo de DL importantes, que no se esperaban como parte del paquete, son los referidos al sector salud. Aquí hay algunos aspectos positivos que favorecen procesos de reorganización como por ejemplo la creación de un Consejo Directivo para el Sistema Integrado de Salud (SIS). Eso está muy bien, aunque hubiera estado mejor que dicho consejo directivo incluyera a miembros independientes (hoy todos los miembros son representantes de algún ministerio) para asegurar mejores decisiones y mayor transparencia. Del mismo modo, dado que el sector salud está descentralizado hubiera sido bueno incorporar al menos a algún representante de los gobiernos regionales.

El paquete de DL de salud es controversial. El más mencionado en la prensa y en las redes es el pase del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) al Ministerio de Salud (Minsa). Pero hay otros que merecen mayor discusión y análisis. Esto es lo que podremos hacer cuando estos se reglamenten y veamos cómo va a quedar el funcionamiento del sector. Preocupa en particular el recorte de facultades a SuSalud, el posible retroceso en la cobertura universal del SIS a niños menores de tres años y a madres gestantes y los cambios en varias dependencias del Minsa que parecen antojadizos y con poca evidencia que los soporte. Me pregunto si antes de decidir estos cambios el ministerio realizó evaluaciones que puedan justificar el porqué de estos cambios.

En general, el paquete de DL sobre salud, que no era uno de los temas específicos de la delegación de facultades, merece ser estudiado con esmero, por el Congreso y por los especialistas independientes. La salud está claramente en crisis, pero parte de los cambios propuestos no parecen asegurar que transitaremos hacia una situación mejor. Por ello, el debate es clave. Quizás es que no hemos entendido bien, tal vez no tenemos toda la información necesaria, quizás hay razones probadas para esta nueva reforma del sector salud que escucharemos en las semanas que vienen.

Finalmente, en tercer lugar, hay en el paquete de DL cambios importantes para nuestra política fiscal. Claramente, son buenas noticias que el impuesto general a las ventas bajaría solo si la recaudación crece, pues dados los resultados en recaudación del 2016 parece que el Estado no puede, al menos en este momento, reducir sus ingresos. Si la recaudación por IGV no supera el 7.2% del PBI (anualizado) al 31 de mayo del 2017, el IGV no baja. Viendo cómo van los números es muy probable que nada cambie entonces. Eso es un alivio porque con una política fiscal que ahora tenderá a ser procíclica, ante menores ingresos (si bajara el IGV), tendríamos que ajustar (más) el gasto (corriente o de inversión).

Hay mucho más que comentar sobre la gran cantidad de los DL (de paso, sorprende que se cree el Fondo de Adelanto Social, regido por representantes de varios sectores, ¡pero sin el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social!, ¿se les habrá olvidado?). El debate que se inicia ahora en el parlamento ayudará a clarificar varias dudas y a transparentar objetivos. Es clave mirar los reglamentos que faltan y mirar el conjunto de cambios además de cada DL de forma individual. En estos momentos es importante que los especialistas opinen, pregunten, cuestionen. Con más opiniones, diversas, con todas las clarificaciones necesarias, tendremos mejores normas, y con mejores leyes el Estado podrá hacer mejor su trabajo.

(Foto: indiaeducation.net)